El asesinato de más de 800 personas a manos de ETA, unido a la extorsión económica de la banda terrorista a muchos empresarios, y la presión social del nacionalismo en la mayoría de los pueblos, fue la tormenta perfecta para que 180.000 vascos huyeran de su tierra, buscando seguridad y tranquilidad… toda una limpieza política que ha desequilibrado el acceso al poder político en el País Vasco, dando como resultado que los partidos políticos libres de nacionalismo estén en franca minoría.
Los 180.000 vascos que abandonaron su tierra entre los años 1977 y 2022, es la cifra señalada por un estudio realizado por el Centro de Estudios, Formación y Análisis del CEU para hablar de un “éxodo vasco” forzado por circunstancias de violencia e intimidación.
A esa marcha vasca de 180.000 personas habría que sumarle los hijos y nietos nacidos lejos de su procedencia.
Esas miles de personas, que deberían tener derecho a votar de nuevo en su lugar de origen, podrían representar una fuerza electoral decisiva en la siguientes elecciones locales y autonómicas.
Restablecer la integridad del censo electoral en el País Vasco
En este sentido, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales elaboró en 2012 un documento que lleva por título: “Propuesta de Modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para la garantía del voto de los electores desplazados por la presión de la violencia terrorista”. “Consta de 15 folios, en su exposición de motivos ampliaba la problemática a Navarra y empleaba términos como depuración”, señala El Confidencial.
“El presente proyecto de ley no pretende otra cosa que restablecer la integridad del censo electoral, impidiendo –en la medida de lo posible puesto que varios cientos de personas asesinadas por ETA no podrán votar nunca más- que la depuración del mismo llevada a cabo por ETA despliegue sus efectos sobre la realidad política del País Vasco y de Navarra”, consta en el documento publicado por el periodista Alejandro Requeijo.
Una reivindicación de las víctimas
Esta reivindicación histórica de las víctimas del terrorismo no llegó a presentarse, por falta de respaldo político, como proposición de ley. Pero podría ser, en un futuro cercano, la clave para que se restablezca el censo electoral del País Vasco, reintegrándose los 180.000 exiliados por la violencia de ETA, así como sus hijos y nietos.
